Así lo ha debido entender la Asociación Europea de los Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos en el mundo (ELDH), según se desprende de las declaraciones realizadas por esta asociación pro-DDHH.
ELDH muestra sus dudas de que la ilegalización de partidos sea eficaz para oponerse a la actividad de ETA. De hecho, es mucho más factible que estas decisiones obstaculicen aún más un cambio político por métodos democráticos.
Afirma, además lo siguiente:
- La Audiencia Nacional argumentaba que estos partidos son "en realidad instrumentos o sucesores de Batasuna", partido que fue suspendido en 2003, y advierte de que "aún no ha tenido la oportunidad de ser oído en un juicio con todas las garantías".
- En el juicio 18/98 celebrado en Madrid, que llevó a la condena de 47 activistas políticos, trabajadores de movimientos sociales, empresarios, periodistas y abogados como "miembros de organización terrorista", observadores de ELDH concluyeron que la noción "apoyo a una organización terrorista", no se verificó en las pruebas aportadas, sino que fue expandida de forma exacerbada con el objetivo de condenar a los procesados.
- Esa misma estrategia ha sido continuada con la ilegalización de EAE-ANV y EHAK-PCTV, bajo el pretexto de la acusación de financiar las actividades del partido ya suspendido Batasuna.
- En vez de continuar con la criminalización del Movimiento Vasco de Liberación Nacional, el Gobierno español debería garantizar la libertad de expresión y de asociación para un debate democrático. Esto debe incluir el derecho de apoyar la independencia del País Vasco.
- ELDH continuará con el seguimiento de las consecuencias de la prohibición de los partidos políticos en Euskal Herria con "suma atención" y que establecerá una comisión que analizará la conformidad de la ilegalización de partidos con la legislación europea e internacional.
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