
Viñeta de Kalvellido
Desde que se produjera la ilegalización de Batasuna, el 27 de marzo de 2003, se ha mantenido una situación no ya de status quo, sino de estrechamiento creciente de los límites para el ejercicio de la actividad política. A esas limitaciones han contribuido los sucesivos actos judiciales y su aplicación a cargo de las fuerzas policiales, con especial mención a la Ertzaintza.
Lejos de limitarse a contagiar a los poderes de ámbito estatal, la política ilegalizadora ha condicionado gravemente el devenir diario de la vida política en Euskal Herria, donde la usurpación de derechos básicos como el de sufragio ha derivado en la conformación de instituciones que no reflejan exactamente la voluntad de la ciudadanía, lo que a su vez ha favorecido un clima de tensión en todos los ámbitos de este país.
Y, sin embargo, en ese clima se forjó una de las mejores oportunidades de los últimos años para dar una salida en clave democrática al conflicto político. Con Batasuna ilegalizada se dieron los pasos que permitieron llegar a la declaración «Orain Herria, Orain Bakea», y sobre sus raíles se puso en marcha una doble vía de diálogo, entre partidos vascos, y entre Gobierno español y ETA. La izquierda abertzale fue capaz de neutralizar el primer objetivo de la ilegalización, al no consentir en que las ideas independentistas dejaran de estar presentes en un momento político crucial, marcado por la oportunidad de abrir un ciclo de decisión en este país. Y es en ese ciclo de decisión, que la izquierda abertzale ha contribuido a alcanzar, en el que el independentismo vasco tiene centrados sus esfuerzos aquí y ahora, por más que pese al "temporal represivo".

Viñeta de TASIO
Si resulta que un magistrado desde un tribunal dicta medidas cautelares contra los vascos porque considera que pueden llegar a integrase en ETA -organización armada vasca y, en boca de Aznar, ariete del Movimiento de Liberación Vasco, y en Loiola, en 2007, interlocutores del Gobierno español de Zapatero y del PSOE-, resulta que todos somos –seremos- sujetos a guardar, encarcelar, suspender, o eliminar –todo depende de lo fiero que sea el ejecutor- a los ciudadanos y colectivos y asociaciones por el simple hecho de que “como puedes llegar a delinquir, te suspendo las actividades”.
Esto sería cómico si no afectara como afecta a los derechos fundamentales: el de participación política, el de asociación, el de libertad de expresión, y otros muchos de la actual Constitución Española. Pero no es cómico, no señor, los argumentos del enemigo parapetado en la AN son necios, y es enemigo para mí –no sólo para los vascos comunistas e independentistas- porque atenta directamente contra la seguridad jurídica, la hace trizas, y se caga en ella, para luego salir tan campante por la puerta principal como si fuera un juez. Pues no, no señor, no puedo aceptar que después de 30 años estemos en las mismas condiciones que en 1972 en lo que a materia penal y seguridad jurídica se refiere (si hay quien piensa que hay más seguridad jurídica y que la política criminal es más permisiva ahora que con Franco, le sacaré con mucho gusto del error).

Digo que entre dos ya podrán... ¿no?
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